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Acerca de la Sentencia de la SCJN relativa a la obligación de los concesionarios de distinguir entre opinión y noticia en su presentación informativa

Por: Dr. Manuel Alejandro Guerrero

Director del Departamento de Comunicación

Publicado el jueves 3 de febrero de 2022.

Hechos

La LFTyR de 2014 incluyó entre sus disposiciones, con base en los derechos de las audiencias, el que los medios de comunicación distinguieran con claridad “la información noticiosa de la opinión de quien la presenta” (Art. 256, fr.IV).

A fines de 2016, el Instituto Federal de Telecomunicaciones expidió unos lineamientos que, en relación con la fracción citada del artículo 256, señalaban que en los espacios informativos, quienes estuvieran a cargo de la presentación de noticias debían advertir a la audiencia de forma “expresa y clara” cuando expresaran una opinión propia con el fin de distinguirla frente a la información.  

En abril de 2017, el Congreso aprobó una contrarreforma que, en relación con el Art. 256, fr. IV, modificó el texto original y, si bien estableció la prohibición de transmitir “publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”, limitó esta condición a la inserción “dentro de su programación informativa un análisis o comentario editorial cuyo tiempo de transmisión ha sido contratado por un anunciante sin que tal circunstancia se haga del conocimiento de la audiencia”.

Esta contrarreforma fue impugnada en su momento por dos organizaciones civiles. Para el caso que nos toca, el 19 de enero de 2022, la Suprema Corte de Justicia resolvió el caso en favor del Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de Derechos Humanos, con la consecuencia de restituir la obligación de los medios para distinguir la información de las opiniones de quienes presenten las noticias.


Nuestra Posición

En muchos medios y editoriales se señala que esta sentencia va a terminar por limitar la libertad de información y fomentar la censura. En otros espacios, se ha dicho también que la supuesta “imparcialidad y objetividad” en la información a la que se refiere la sentencia de la SCJN es imposible de lograr, por lo que los efectos de la sentencia o bien serán imposibles de lograr, o bien servirán de pretexto a una posible censura.

La Corte no creó nada nuevo, sino que solo declaró inconstitucional la contrarreforma de 2017 con base en el principio de progresividad de los derechos humanos –es decir, que una vez que se otorgan determinados derechos (en este caso, la fr. IV del Art.256), ninguna ley subsecuente los puede limitar o echar para atrás. Debemos recordar que los derechos de las audiencias son considerados derechos humanos.

Acerca de que la sentencia limita la libertad de expresión y fomenta la censura, podemos decir que, si bien habría una cierta acotación–en tanto, la libertad de los presentadores de noticias para decir lo que quieran- esto se hace exclusivamente en función de los derechos de las audiencias para que estas puedan contar con elementos que les permitan diferenciar opiniones de noticias. Por lo tanto, la acotación solo es válida para evitar que se confunda opinión con información, pero no limita la posibilidad de que quien presenta las noticias ofrezca tantas opiniones como desee, siempre que lo haga explícito a su audiencia. De aquí que la posibilidad de censura no se siga necesariamente de lo anterior.

En relación con la idea de imparcialidad y objetividad en que se fundamenta la SCJN, se debe considerar que se trata tan solo de aspiraciones que, en todo caso, deberían orientar la función informativa de los medios. Si bien en realidad es muy difícil establecer la imparcialidad en un contexto en el que entran en juego muchas decisiones a la hora de “construir la información” –desde las decisiones de cobertura de reporteros y periodistas, hasta los valores e intereses de cada organización, pasando, desde luego, por los criterios editoriales--, lo que se espera idealmente de los medios informativos es que a la hora de “construir y presentar la información” busquen apegarse lo más posible a prácticas profesionales de periodismo, que implican mínimamente verificar los datos y las fuentes, tener pluralidad y contraste de las mismas, y no ocultar datos relevantes. Nuevamente, de la imposibilidad de alcanzar la imparcialidad y la objetividad, tampoco se desprende necesariamente la censura de la sentencia de la SCJN.

Sin embargo, con todo, sí hay un riesgo de censura, no en la sentencia en sí, sino en que ahora los criterios operativos para establecer las formas en que se debe llevar a cabo esta distinción entre opinión e información quedarán en manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en un momento en el que el gobierno federal actual busca por todos los medios acotar y capturar a los organismos autónomos a favor de sus intereses. Por tanto, la discusión por impedir que los derechos de las audiencias se conviertan en pretexto para la censura habrá que enfocarla en ese espacio en los siguientes meses.


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Última actualización: 10 de junio de 2022